En la Corte Superior de Justicia de Ucayali habría operado una red ilícita de magistrados del Poder Judicial que impidió la investigación penal al prófugo Rodolfo Orellana Rengifo y habría facilitado sus actividades ilícitas, a través de acciones de hábeas corpus, amparos y medidas cautelares.
Así lo establece la fiscal suprema de Control Interno, Nora Miraval Gambini, al disponer el inicio de una investigación preparatoria por presuntos ilícitos penales al presidente de la Corte de Ucayali, Francisco Boza Olivari, y cinco jueces supernumerarios de dicha corte.
La investigación tomó como base las investigaciones del diario La República y la revista Caretas y un Informe de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA, que vinculan a Boza Olivari y un grupo de jueces con la red de Orellana.
Los jueces de Orellana
Los jueces incluidos en la investigación son Jorge Antonio Reátegui Pisco, Wenceslao Portugal Cerruche, Teresa Montalván Ruiz, Luis Palomino Morales y Christian Stein Cárdenas, en su actuación como jueces supernumerarios, que habrían convertido la Corte de Ucayali en "El Paraíso de las Acciones de Amparo y Hábeas Corpus".
Según la fiscal suprema, de las indagaciones preliminares se tiene que ellos habrían cometido delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y tráfico de influencias a favor de Orellana y contra la procuraduría anticorrupción y lavado de activos.
Como parte de las investigaciones se requirió a la administración de la Corte de Ucayali que informe los números de teléfono fijos, celulares y anexos utilizados por Francisco Boza y del personal jurisdiccional y administrativo que trabajó con él, como juez superior y presidente de la Corte.
La misma información se requirió de los jueces supernumerarios. También se requirió todas las resoluciones de nombramiento y relación de despachos que atendieron, desde enero del 2013 hasta la actualidad.
Todo esto con la finalidad de proceder a levantar el secreto de las comunicaciones de los investigados, que permita conocer el historial de sus llamadas y determinar si tuvieron comunicación con los presuntos integrantes de la red Orellana.
Los casos
La investigación penal busca esclarecer las circunstancias que rodearon la acción de hábeas corpus promovida por el abogado Tomás Torrejón Guevara a favor de Orellana Rengifo que paralizó la investigación por lavado de activos que atendía en Lima el fiscal contra el Crimen Organizado, Miguel Toyohama Arakaki.
Igualmente, la acción de amparo y medida cautelar a favor de la empresa Minerales Rivero contra la SUNAT que frustró el decomiso de un cargamento de oro valorizado en más de 10 millones de dólares.
Además, el hábeas corpus a favor del ex presidente de Alianza Lima Guillermo Isaac Alarcón y el amparo para impedir que la revista Caretas informe sobre las actividades de Orellana.
Según las investigaciones de la OCMA, "Francisco Boza, en su actuación como presidente de la Corte de Ucayali, demostró un interés directo respecto de los cambios y reubicaciones de los jueces provisionales y supernumerarios, con la finalidad de beneficiar a determinadas personas, propiciando con ello la comisión de diversos actos irregulares".
La referida unidad llegó a esa conclusión tras evaluar la rotación de jueces y recibir las declaraciones de los jueces Julio Díaz Herbozo y Julio Barrera Zavaleta sobre las presiones de que fueron objeto de parte de Boza.
Un pedido para suspender por estos hechos al presidente de la Corte de Ucayali continúa desde agosto en evaluación, en el despacho de la jefa de OCMA, Ana María Aranda. Independiente de ello, la fiscalía inició su propia investigación para establecer responsabilidades penales.
Buscan a Rodolfo Orellana dentro y fuera del país
Tras anularse la acción de hábeas corpus de Ucayali que paralizó durante más de un año la investigación a Rodolfo Orellana, el caso tomó un gran impulso en mayo de este año al pasar de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado a las de Lavado de Activos.
El caso actualmente en manos de la fiscal Marita Barreto ha pasado de 60 a más de 240 tomos, contra 52 personas y 52 empresas que facilitaban las actividades de dicha organización para apropiarse de propiedades de particulares y del Estado.
Según trascendió, la fiscalía trabaja en captar algún colaborador o testigo que permita precisar la estructura interna de esta organización y la forma en que sacaban del país el dinero ilícitamente obtenido.
Rodolfo Orellana se encuentra con orden de captura nacional desde julio y desde agosto es buscado internacionalmente.
Así lo establece la fiscal suprema de Control Interno, Nora Miraval Gambini, al disponer el inicio de una investigación preparatoria por presuntos ilícitos penales al presidente de la Corte de Ucayali, Francisco Boza Olivari, y cinco jueces supernumerarios de dicha corte.
La investigación tomó como base las investigaciones del diario La República y la revista Caretas y un Informe de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA, que vinculan a Boza Olivari y un grupo de jueces con la red de Orellana.
Los jueces de Orellana
Los jueces incluidos en la investigación son Jorge Antonio Reátegui Pisco, Wenceslao Portugal Cerruche, Teresa Montalván Ruiz, Luis Palomino Morales y Christian Stein Cárdenas, en su actuación como jueces supernumerarios, que habrían convertido la Corte de Ucayali en "El Paraíso de las Acciones de Amparo y Hábeas Corpus".
Según la fiscal suprema, de las indagaciones preliminares se tiene que ellos habrían cometido delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y tráfico de influencias a favor de Orellana y contra la procuraduría anticorrupción y lavado de activos.
Como parte de las investigaciones se requirió a la administración de la Corte de Ucayali que informe los números de teléfono fijos, celulares y anexos utilizados por Francisco Boza y del personal jurisdiccional y administrativo que trabajó con él, como juez superior y presidente de la Corte.
La misma información se requirió de los jueces supernumerarios. También se requirió todas las resoluciones de nombramiento y relación de despachos que atendieron, desde enero del 2013 hasta la actualidad.
Todo esto con la finalidad de proceder a levantar el secreto de las comunicaciones de los investigados, que permita conocer el historial de sus llamadas y determinar si tuvieron comunicación con los presuntos integrantes de la red Orellana.
Los casos
La investigación penal busca esclarecer las circunstancias que rodearon la acción de hábeas corpus promovida por el abogado Tomás Torrejón Guevara a favor de Orellana Rengifo que paralizó la investigación por lavado de activos que atendía en Lima el fiscal contra el Crimen Organizado, Miguel Toyohama Arakaki.
Igualmente, la acción de amparo y medida cautelar a favor de la empresa Minerales Rivero contra la SUNAT que frustró el decomiso de un cargamento de oro valorizado en más de 10 millones de dólares.
Además, el hábeas corpus a favor del ex presidente de Alianza Lima Guillermo Isaac Alarcón y el amparo para impedir que la revista Caretas informe sobre las actividades de Orellana.
Según las investigaciones de la OCMA, "Francisco Boza, en su actuación como presidente de la Corte de Ucayali, demostró un interés directo respecto de los cambios y reubicaciones de los jueces provisionales y supernumerarios, con la finalidad de beneficiar a determinadas personas, propiciando con ello la comisión de diversos actos irregulares".
La referida unidad llegó a esa conclusión tras evaluar la rotación de jueces y recibir las declaraciones de los jueces Julio Díaz Herbozo y Julio Barrera Zavaleta sobre las presiones de que fueron objeto de parte de Boza.
Un pedido para suspender por estos hechos al presidente de la Corte de Ucayali continúa desde agosto en evaluación, en el despacho de la jefa de OCMA, Ana María Aranda. Independiente de ello, la fiscalía inició su propia investigación para establecer responsabilidades penales.
Buscan a Rodolfo Orellana dentro y fuera del país
Tras anularse la acción de hábeas corpus de Ucayali que paralizó durante más de un año la investigación a Rodolfo Orellana, el caso tomó un gran impulso en mayo de este año al pasar de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado a las de Lavado de Activos.
El caso actualmente en manos de la fiscal Marita Barreto ha pasado de 60 a más de 240 tomos, contra 52 personas y 52 empresas que facilitaban las actividades de dicha organización para apropiarse de propiedades de particulares y del Estado.
Según trascendió, la fiscalía trabaja en captar algún colaborador o testigo que permita precisar la estructura interna de esta organización y la forma en que sacaban del país el dinero ilícitamente obtenido.
Rodolfo Orellana se encuentra con orden de captura nacional desde julio y desde agosto es buscado internacionalmente.
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